Chile: FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: MUJERES DE CHILE ¿HASTA CUANDO?

Por Marlene Barrios

Está Chile regresando a tiempos de oscurantismo, de tiranía religiosa y de insólito desacato a políticas públicas que buscan protegen los derechos de las personas, y especialmente de las mujeres en lo referido a sus derechos sexuales y reproductivos?
Ya cuando el MINSAL anunció poner en vigencia las Normas de Regulación de la Fertilidad, que incluían el acceso amplio de las y los jóvenes mayores de 14 años a los métodos anticonceptivos, sin requerir autorización de sus padres, la jerarquía de la Iglesia Católica y sectores políticos como la UDI y RN manifestaron su pública desaprobación ante la medida e incluso algunos alcaldes de estos partidos se opusieron a la entrega universal de la anticoncepción de emergencia en los consultorios de salud de sus comunas.
La derecha reaccionaria olvida que desde 1925 existe separación entre Estado e Iglesia, y que la responsabilidad en materia de salud pública y política sanitaria, en tanto corresponde al Ministerio de Salud, hace improcedente que en virtud de las concepciones religiosas o doctrinarias –esencialmente privadas- se pretende desobedecer una decisión de política pública en tales materias.
Los argumentos de estos sectores, con un sesgo fuertemente moralista y conservador, colocan el acento en la defensa de la institución de la familia, ponen en duda la capacidad de las y los adolescentes chilenos para tomar decisiones sobre sus cuerpos, y alertan ante lo que llaman una "ofensiva abortista".
Esta postura desconoce la realidad del país, que muestra que el inicio sexual es cada vez más precoz, traduciéndose en embarazos no deseados o inoportunos, contagios de infecciones de transmisión sexual (incluyendo el VIH/SIDA), abortos inseguros, maternidades precoces, en especial, entre la población de menores recursos. Las cifras señalan que el 60% de los casos notificados de infecciones de transmisión sexual corresponde a menores de 24 años, y el 24.5% a menores de 19. Asimismo, unaencuesta reciente sobre sexualidad escolar muestra que una de cada ocho niñas y niños tiene relaciones sexuales antes de los 15 años, y solo un 8% de ellos utiliza preservativo (relación. No obstante, las y los adolescentes quieren responsablemente prevenir y evitar que un embarazo o una infección de transmisión sexual cambien drásticamente su proyecto de vida, y las Normas anunciadas por el MINSAL no constituyen una imposición ideológica sino una respuesta sanitaria a esta demanda.
La distribución de la píldora del día después fue fruto del trabajo colaborativo del MINSAL con entidades tan respetables como el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, respaldado además por la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y Adolescencia y por una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas.
El acceso a métodos para regular la fecundidad y a información integral sobre la salud sexual y reproductiva tiene que ser garantizado por el Estado para toda la población que lo requiere, sin discriminación de edad, sexo o condición social. Cualquier presión ajena a los intereses y necesidades de la gente, sea que provenga de las iglesias o de grupos políticos, debe ser rechazada tajantemente, en tanto vulnera la autonomía, dignidad y libertad de las personas.
La píldora se vende hoy en cualquier farmacia a toda mujer que tenga los recursos para adquirirla, y las veces que desee. En el sector oriente de Santiago, por ejemplo, se han vendido más de 13 mil dosis. Pero en los sectores populares las mujeres no pueden ejercer el mismo derecho u opción, sino es a través de su stock y entrega en los consultorios de la salud pública.
Ante un fallo por decir lo menos polémico –como es la decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional chileno frente al requerimiento de un grupo de parlamentarios para declarar inconstitucionales las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud, así como suspender la venta de levonorgestrel y dispositivos intrauterinos-, a fines de 2007 la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue convocada a argumentar científicamente como institución perita en la materia
En una presentación realizada el 31 de marzo de este año, los doctores Ramiro Molina, académico del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, y Giorgio Solimano, director de la Escuela de Salud Pública, advirtieron sobre las consecuencias de una medida como la que la derecha reaccionaria indujo al Tribunal Constitucional:
Los abortos clandestinos anuales superarían a los nacimientos en nuestro país si se resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto. Esa es una de las principales consecuencias expuestas por el doctor Ramiro Molina. Y es que en Chile un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas.
La restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición dado que están compuestos por levonorgestrel o moléculas derivadas de este, por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio "Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries", OMS, 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina.
Con ello, aumentarían las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en el país durante los últimos 45 años. Asimismo, se elevarían a 56.000 las hospitalizaciones anuales en maternidades por complicaciones derivadas de abortos, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario; y, aunque se absorbiera toda esta demanda, el aumento de la mortalidad materna por esta causa crecería entre dos y cinco veces.
Por otra parte –nuevamente la discriminación- habría un menor impacto en la población femenina de los sectores medios y altos, puesto que accederían a la adquisición de anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el mercado negro.
El propio doctor Molina destacó que el análisis científico de los métodos anticonceptivos incluidos en la norma ministerial, muestra que no actúan sobre el óvulo fecundado, en su transporte por el oviducto o Trompa de Falopio ni en el proceso de implantación en endometrio o capa interna del útero, por lo que no pueden ser abortivas.
No es posible que Mario Fernández –más allá de su adscripción concertacionista-miembro del Tribunal Constitucional alegue que su voto en la materia es de acuerdo a lo que le indica su Obispo. Como bien apuntó un sociólogo en una columna de opinión, las iglesias católicas, templos evangélicos, sinagogas judías y mezquitas musulmanas, pueden tener autoridad para sus creyentes y seguidores, dado que en Chile se garantiza el libre ejercicio de la religión. Pero no pueden pretender autoridad en quienes no son sus adeptos. La ciudadanía no puede permitir que se utilice la institucionalidad para imponer un código moral esencialmente privado por sobre toda la sociedad.
Algo que los parlamentarios de derecha, calculadora en mano y ante el mayoritario rechazo de la ciudadanía a su torpe gestión ante el TC, comienzan ya a aquilatar, no por convicción democrática, sino por mezquino cálculo electoral.
Marlene Barrios es miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.